TENDRIA GRUPO DE ORTIZ PRESENCIA ENTRE CONSEJEROS DEL INE

Tlaxcala 27 Agosto 2015 / C. Alvarado

Incierto panorama se vislumbra a poco menos de una semana de que venza el plazo para que quede integrado el Consejo del Órgano Público Electoral de Tlaxcala, ante el virtual nombramiento, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), como consejera electoral por un periodo de seis años, de quien se presume ligada a un instituto político local, lo que pondría en tela de juicio su desempeño imparcial.

Y es que a más tardar el próximo 2 de septiembre el INE deberá instalar los consejos generales de los OPLEs en los estados que celebrarán elecciones en el 2016. Tras concluir las etapas de solicitud de registro, presentación y evaluación de documentación, exámen de conocimientos, presentación de ensayo presencial y entrevista personal ante los Consejeros Generales del INE,  fue presentada la lista que contiene los 7 nombres de las personas propuestas a integrar el Consejo Electoral Local.

Entre los nombramientos está el de Dora Rodríguez Soriano, identificada plenamente con el grupo político que de sobra se sabe, dirige el destino de la máxima casa de estudios, UAT y que es el del ex mandatario Héctor Ortiz.

Al respecto, ha sido ventilado en medios de comunicación que Dora Rodríguez Soriano aparece como Comisionada a la Secretaría de Organización, Afiliación y Estructura del Partido Alianza Ciudadana (PAC), según consta en la escritura pública 4,845 de fecha18 de junio del año 2015, firmada por el Notario Público Número 3 Dr. Leopoldo Zárate Aguilar, misma acta en que Serafín Ortiz Ortiz aparece como Secretario General del Partido. Situación que contraviene a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 100 respecto a los requisitos de elegibilidad de los consejeros de los OPLEs y a la misma convocatoria.
Aunado a ello, es de enfatizar que al menos tres participantes en el proceso de selección han presentado recursos legales por considerar que fueron violados sus derechos ciudadanos al no ser entrevistados, lo que aumenta la incertidumbre en el proceso por los tiempos legales.